10 de enero de 2018

Piden al Juez federal de Quilmes, Luis Armella, que investigue a los Moyano por lavado de dinero en Independiente

Luego de que se abrió la causa contra los barras de Independiente, ahora pedirán que la Justicia investigue si Pablo y Hugo Moyano utilizaron al club para maniobras de lavado de dinero. Al tratarse el lavado de dinero un delito federal, la transcripción de las declaraciones de los barras imputados será girada al juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. La medida también alcanzó al dirigente Noray Nakis como miembro de la asociación, y a Roberto Petrov como organizador. El juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora dictó ayer la prisión preventiva por el delito de asociación ilícita para Pablo 'Bebote Alvarez', de Damián Lagaronne, y de Ariel Romero, Adrián Bartone, Adrián García y César Godoy. La medida también alcanzó al dirigente Noray Nakis como miembro de la asociación, y a Roberto Petrov como organizador, sumando este último los delitos de abuso de armas agravado, tenencia simple de estupefacientes, portación de arma de fuego de guerra sin contar con la debida autorización legal. A partir de sus declaraciones como imputados, algunos barras involucraron a Hugo y Pablo Moyano. Entonces, el juez Gabriel Vitale trasladará la denuncia a la justicia federal para que el presidente y el vicepresidente de Independiente sean investigados para determinar si participaron de maniobras de lavado de activos a través del club. Antes de que Vitale dictara la prisión preventiva para los barras, las defensas de cada uno de los imputados habían solicitado el sobreseimiento o la libertad por falta de mérito aduciendo la ajenidad con los hechos que le imputaban los fiscales Viviana Giorgi y Jose Juárez, incluso algunos solicitaron audiencias para volver a declarar, pero los planteos exculpatorios fueron rechazados por el juzgado de garantías. Por otra parte, se dieron a conocer los requisitos para que 'Bebote' Alvarez declare como arrepentido. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el fiscal y las personas que brindaren información en los términos del artículo 41 del Código Penal.