Un oficio judicial ordenó levantar el secreto bancario y bursátil de la dirigente kirchnerista y de varios allegados en el marco de una causa por presunta averiguación de delito vinculada a maniobras financieras.
En medio de un clima político marcado por las investigaciones judiciales sobre el manejo de fondos públicos durante las administraciones kirchneristas, la Justicia federal dispuso una medida de fuerte impacto: el levantamiento del secreto bancario y bursátil de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a otras personas vinculadas a su entorno. La medida surge de un documento oficial emitido por el Banco Central de la República Argentina, fechado el 11 de febrero de 2026, bajo la referencia “SOLICITUD DE INFORMACIÓN – URGENTE”, dirigido a entidades financieras, operadores de cambio, casas y agencias de cambio, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra, y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago.
El organismo informó que la solicitud responde al Oficio (OF) N.º 63083/2026, librado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en el marco de la causa caratulada: “N.N. S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO (Dte. Castro Bergamin, Nahuel Imanol, apoderado Municipalidad de Quilmes)”, correspondiente al Expediente N.º FLP 16542/2022. El documento judicial fue remitido mediante correo electrónico institucional dinco@prefecturanaval.gov.ar, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, organismo que interviene en la investigación. Según el texto oficial, el juzgado ordenó “el levantamiento del secreto bancario y bursátil, como así también los compromisos legales y contractuales de confidencialidad respecto del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores”.
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La medida se fundamenta en lo establecido por el artículo 39, inciso “a”, de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, normativa que habilita el acceso a información financiera cuando existe una investigación judicial en curso. De acuerdo con el oficio, la disposición alcanza a diversas personas físicas vinculadas a la causa, entre ellas:
Sebastián Roberto Raspa, CUIT n.º 20-…
Martín Bordalejo, CUIT n.º 20-…
José Alejandro Scozzari, CUIT n.º 20-…
Mayra Soledad Mendoza, CUIT n.º 27-…
Romina Cangelosi, CUIT n.º 27-…
María Rosa Ruzo, CUIT n.º 27-…
La orden judicial implica que bancos, entidades financieras y plataformas de pago deberán entregar información detallada sobre movimientos, cuentas, operaciones y cualquier otro dato financiero relacionado con estas personas. La decisión judicial vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos en el municipio de Quilmes, gobernado por Mayra Mendoza, una de las principales figuras de La Cámpora dentro del kirchnerismo.
El avance de la causa coincide con el nuevo contexto político nacional, en el que el gobierno de Javier Milei ha promovido una política de mayor control institucional, auditorías y revisión de estructuras estatales, con el objetivo declarado de combatir la corrupción y transparentar el uso de recursos públicos. En ese marco, el levantamiento del secreto bancario representa un paso clave para que la Justicia pueda seguir la ruta del dinero y determinar si existieron o no irregularidades financieras vinculadas a la administración municipal o a estructuras paralelas de manejo de fondos.
La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas etapas del expediente se incorporen informes financieros y movimientos bancarios que permitan esclarecer el alcance real de las maniobras investigadas dentro del Expediente FLP 16542/2022.
