El caso del Subsecretario de Seguridad Ciudadana de Quilmes, un funcionario cuya responsabilidad institucional exige estándares de conducta más altos que los del ciudadano común.
La Argentina adoptó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establece que estos funcionarios deben servir a su comunidad con un alto grado de responsabilidad profesional, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos de todas las personas.
Por eso resulta, como mínimo, una contradicción que la misma Secretaría de Seguridad que impulsa campañas de prevención, respeto y convivencia en entornos digitales tenga entre sus máximos responsables a un funcionario cuya conducta pública ha generado cuestionamientos que hoy son de conocimiento de toda la comunidad.
Si el Municipio sostiene que las violencias digitales tienen consecuencias reales y dedica recursos públicos a concientizar sobre estas problemáticas, sus funcionarios deberían ser los primeros en actuar de manera coherente con esos principios.
La seguridad pública no se sostiene únicamente con recursos, operativos o discursos. Se sostiene sobre la confianza. Y la confianza se construye con coherencia.
Quien ocupa una función de conducción en materia de seguridad debe comprender que representa al Estado las 24 horas del día. La autoridad moral no surge del cargo, sino del ejemplo. No alcanza con exigir respeto a los demás; también hay que practicarlo.
Los vecinos de Quilmes tienen derecho a preguntarse si quienes conducen las políticas de seguridad están honrando los principios éticos que dicen promover. Porque cuando la conducta de un funcionario contradice los valores institucionales que representa, no solo queda cuestionada una persona: también se resiente la credibilidad de toda la institución.
La ejemplaridad no es una virtud opcional para quienes ejercen funciones de seguridad. Es una obligación inherente al cargo.
