La diputada nacional Mayra Mendoza presentó un proyecto de resolución para expresar su repudio y preocupación por el vaciamiento y los despidos realizados dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Reproductiva, peligrando así, la continuidad del suministro de insumos tales como métodos anticonceptivos, así como las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de Salud centrados en el pleno acceso sin barreras al sistema sanitario.
“Por decreto N° 114/2016 el actual Presidente de la Nación, reorganizó el Ministerio de Salud de la Nación, sin embargo aún no figuran las direcciones que se llevarán a cabo, lo que pone en peligro la continuidad de programas como el mencionado. Ante las manifestaciones de los/las trabajadores/as del Programa y demás organizaciones, autoridades del actual gobierno manifestaron que continuaría con las actividades y acciones que desarrollaba hasta el momento. Sin embargo, días después de estos dichos, comenzaron los despidos, 20 trabajadores/as del Programa quedaron sin trabajo, y se estima que de 56 que fueron, se reduzca a solo 15 el número de los mismos. Conllevando así, un mal funcionamiento y desempeño de tareas que, desde el 2003 a la fecha, se venía desarrollando impecablemente”, aseguró Mendoza.
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable existe desde el año 2002, a partir del cual se puso en marcha una política pública nacional específica basada en los derechos sexuales y reproductivos, enmarcada así en una política de recuperación del Estado y de los Derechos Humanos.
La Ley que creó el Programa que hoy vienen a desmantelar, fijó los objetivos marco:
• Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que varones y mujeres puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.
• Disminuir la morbi mortalidad materno–infantil. Prevenir los embarazos no deseados.
• Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y mamarias.
• Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
• Potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva.
Es interesante destacar que, el Estado desde el año 2003, tuvo muchos avances en materia legislativa en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, a saber:
- Ley 26.130 del año 2006, se agregan las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, como métodos de anticoncepción.
- Ley 26.150 del año 2006, establece la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, señala que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
- Ley 26.485 del año 2009, Ley de Protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. En julio de 2010 se aprueba la reglamentación de esta ley a través del Decreto 1011/2010.
- Ley 26.618 del año 2010, conocida como ley de matrimonio igualitario, modifica el código civil y permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo (sustituye al art, 172 de CC). Esta ley reconoce los derechos civiles de las personas LGTB.
- Ley 26.743 del año 2011, Derecho a la identidad de género.
- Ley 26.862, Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
"Vale aclarar, que éstas leyes iban de la mano de un Estado que estaba en el camino de la ampliación de derechos de todos y todas. Sin embargo, el nuevo Gobierno, que la mayoría de las leyes mencionadas votó en forma negativa o estuvo ausente o se abstuvo, no llamaría la atención que quiera vaciar y eliminar un Programa como el que mencionamos anteriormente" expresó Mendoza.
Áreas importantes como por ejemplo: de comunicación, compras e insumos, monitoreo (que hacen el seguimiento de la línea 0-800 de salud sexual), administración, fertilidad, diversidad, dejarían de funcionar. "No es impensado que estas áreas sensibles sean “eliminadas” de la planificación del nuevo gobierno, un estado neoliberal que claramente no adscribe a este tipo de derechos" agregó la legisladora.
Para finalizar, Mendoza manifestó “Repudio enérgicamente las medidas tomadas por el actual gobierno del Presidente Mauricio Macri, y además, expreso una profunda preocupación por los trabajadores y trabajadoras del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que fueron despedidos”
El proyecto también fue firmado por los diputados del bloque FpV Analuz Carol, Gabriela Estevez, Juan Manuel Huss, Marcos Cleri, Marcelo Santillan, Eduardo De Pedro, Josefina González, Mauricio Gomez Bull, Fernanda Raverta, Mabel Carrizo, José Ruiz Aragón, Daniela Castro, Rodrigo Rodriguez, Martin Doñate.
“Por decreto N° 114/2016 el actual Presidente de la Nación, reorganizó el Ministerio de Salud de la Nación, sin embargo aún no figuran las direcciones que se llevarán a cabo, lo que pone en peligro la continuidad de programas como el mencionado. Ante las manifestaciones de los/las trabajadores/as del Programa y demás organizaciones, autoridades del actual gobierno manifestaron que continuaría con las actividades y acciones que desarrollaba hasta el momento. Sin embargo, días después de estos dichos, comenzaron los despidos, 20 trabajadores/as del Programa quedaron sin trabajo, y se estima que de 56 que fueron, se reduzca a solo 15 el número de los mismos. Conllevando así, un mal funcionamiento y desempeño de tareas que, desde el 2003 a la fecha, se venía desarrollando impecablemente”, aseguró Mendoza.
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable existe desde el año 2002, a partir del cual se puso en marcha una política pública nacional específica basada en los derechos sexuales y reproductivos, enmarcada así en una política de recuperación del Estado y de los Derechos Humanos.
La Ley que creó el Programa que hoy vienen a desmantelar, fijó los objetivos marco:
• Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que varones y mujeres puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.
• Disminuir la morbi mortalidad materno–infantil. Prevenir los embarazos no deseados.
• Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y mamarias.
• Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
• Potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva.
Es interesante destacar que, el Estado desde el año 2003, tuvo muchos avances en materia legislativa en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, a saber:
- Ley 26.130 del año 2006, se agregan las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, como métodos de anticoncepción.
- Ley 26.150 del año 2006, establece la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, señala que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
- Ley 26.485 del año 2009, Ley de Protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. En julio de 2010 se aprueba la reglamentación de esta ley a través del Decreto 1011/2010.
- Ley 26.618 del año 2010, conocida como ley de matrimonio igualitario, modifica el código civil y permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo (sustituye al art, 172 de CC). Esta ley reconoce los derechos civiles de las personas LGTB.
- Ley 26.743 del año 2011, Derecho a la identidad de género.
- Ley 26.862, Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.
"Vale aclarar, que éstas leyes iban de la mano de un Estado que estaba en el camino de la ampliación de derechos de todos y todas. Sin embargo, el nuevo Gobierno, que la mayoría de las leyes mencionadas votó en forma negativa o estuvo ausente o se abstuvo, no llamaría la atención que quiera vaciar y eliminar un Programa como el que mencionamos anteriormente" expresó Mendoza.
Áreas importantes como por ejemplo: de comunicación, compras e insumos, monitoreo (que hacen el seguimiento de la línea 0-800 de salud sexual), administración, fertilidad, diversidad, dejarían de funcionar. "No es impensado que estas áreas sensibles sean “eliminadas” de la planificación del nuevo gobierno, un estado neoliberal que claramente no adscribe a este tipo de derechos" agregó la legisladora.
Para finalizar, Mendoza manifestó “Repudio enérgicamente las medidas tomadas por el actual gobierno del Presidente Mauricio Macri, y además, expreso una profunda preocupación por los trabajadores y trabajadoras del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que fueron despedidos”
El proyecto también fue firmado por los diputados del bloque FpV Analuz Carol, Gabriela Estevez, Juan Manuel Huss, Marcos Cleri, Marcelo Santillan, Eduardo De Pedro, Josefina González, Mauricio Gomez Bull, Fernanda Raverta, Mabel Carrizo, José Ruiz Aragón, Daniela Castro, Rodrigo Rodriguez, Martin Doñate.
