La Cámara Federal de La Plata habilitó al gobierno bonaerense de Axel Kicillof a cobrar los impuestos de Patentes y Sellos a través de los Registros del Automotor, revocando una medida cautelar que favorecía al Gobierno nacional. El juez de primera instancia había suspendido la resolución 26/2024 de ARBA, que designaba a los Registros como agentes de recaudación tras la decisión del Ministerio de Justicia de denunciar los convenios históricos con provincias y municipios. Según ese fallo, la agencia carecía de facultades legales para imponer tal obligación sin un acuerdo previo. Los convenios, vigentes desde 1991 en el caso bonaerense, permitían que los Registros actuaran como recaudadores de tributos provinciales. Con la política de desregulación nacional, fueron eliminados, lo que generó conflictos fiscales. ARBA, para asegurar ingresos, dictó la resolución que motivó la disputa judicial. El 4 de septiembre de 2025, la Cámara revocó la cautelar al considerar que no había un “peligro irreparable” en mantener la práctica, vigente desde hace más de tres décadas sin afectar el funcionamiento de los Registros. Además, sostuvo que suspender la recaudación perjudicaría de forma directa al Estado bonaerense, sin afectar al nacional. Especialistas del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich advierten que estas idas y vueltas judiciales, sumadas a cambios constantes de legislación, incrementan la falta de seguridad jurídica. Finalmente, tras un año de litigios desde la rescisión de los convenios, la situación vuelve al punto inicial: los Registros del Automotor deberán seguir percibiendo impuestos para ARBA.
