Diputados aprobó una recomposición de las jubilaciones. Será del 8% y busca alcanzar la inflación de enero, que el Ejecutivo reconoció parcialmente. El kirchnerismo, la UCR y el bloque de Pichetto votaron juntos. El proyecto ahora debe pasar por el Senado y se encamina a un veto de Milei. La iniciativa recibió 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones. Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otros bloques minoritarios de las provincias votaron juntos a favor, mientras que La Libertad Avanza y el PRO opusieron resistencia, pero quedaron en minoría. El Frente de Izquierda se abstuvo. La media sanción es un llamado de atención al Gobierno, que parece dispuesto a afrontar el costo político de vetar la ley. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este martes que la Nación “no tiene recursos disponibles” para costear la medida y le reclamó a la oposición que informe “de dónde salen los fondos”. El proyecto, que ahora deberá pasar por el Senado, tiene un costo fiscal de 0,43% del PBI, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un número que los dialoguistas calificaron como “fiscalmente responsable”. “Es lo mismo que el Gobierno nacional pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, o bien el 10% del gasto tributario del Estado nacional”, explicó la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Los bloques de la oposición llegaron a la sesión con dictámenes separados y durante toda la jornada se dedicaron a negociar tras bambalinas para llegar a una redacción que conformara a todos. Cada fuerza tuvo que ceder una parte: Unión por la Patria se amoldó al grueso de la propuesta del radicalismo y Hacemos, pero se impuso a la hora de blindar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El nudo de las conversaciones fue la propuesta del oficialismo cordobés, elaborada por la diputada Alejandra Torres, para afrontar a través del FGS los flujos a las cajas provinciales no transferidas a la Nación y saldar los 82.000 juicios de jubilados con sentencia firme. La traba era que el kirchnerismo no estaba dispuesto a echar mano al FGS. “Poner cualquier artículo que avance en la posibilidad de desarmar o liquidar el FGS es un paso para el retorno al sistema de las AFJP. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra en la Argentina”, sentenció el economista Itai Hagman. Finalmente, para no empantanar el tema de la compensación a jubilados, se llegó a un acuerdo que conformó al gobernador Martín Llaryora y sus diputados para garantizar los giros a las cajas a través de recursos tributarios con asignación específica a la ANSES, como impuesto al Cheque, PAIS e IVA. La oposición manejó el curso de la sesión ante los ojos de Martín Menem, que nada pudo hacer para evitar la avanzada. Las primeras cinco horas en el recinto estuvieron dedicadas a discursos varios (cuestiones de privilegio) que le dieron a los diputados el aire que necesitaban para terminar de cerrar un acuerdo que no fue nada sencillo. El proyecto aprobado establece un aumento mensual de las jubilaciones por IPC (Índice de Precios al Consumidor). Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50% de la variación salarial (RIPTE) por sobre la inflación del año calendario anterior. Seguido, se obliga al Poder Ejecutivo a pagar a los jubilados, por única vez, una compensación del 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar el 20,6% de inflación registrada en enero. Originalmente, el kirchnerismo proponía una recomposición del 30% (en lugar del 20,6%) pero tuvo que bajar sus pretensiones para consensuar con los dialoguistas. Por otra parte, se incluye una garantía para el haber mínimo, que será equivalente a 1,09 canastas básicas totales (268.812 pesos cada una, a valores de abril). Los jubilados que no lleguen a ese monto recibirán un suplemento. “Hoy el 86% de los jubilados y pensionados no logra cubrir la canasta básica. Por eso no solo es urgente: es imperativo que nos aboquemos a resolver este problema. Esta propuesta fue pensada, no estamos improvisando. Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad”, afirmó Brouwer de Koning. En tanto, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el DNU firmado por Milei que modificó la fórmula jubilatoria y cargó contra el kirchnerismo: “Los que quebraron el sistema previsional ahora dicen que quieren ayudar a los jubilados”. Si la ley es sancionada y el Ejecutivo la veta, la única forma de que se haga efectiva es que el Congreso insista con dos tercios de los votos. Si bien hay antecedentes de este tipo a lo largo de la historia, la composición actual de ambas cámaras hace que sea difícil para la oposición, aunque no imposible, llegar a ese número.
