Luego de una sesión ordinaria del Consejo Deliberante, las autoridades de la universidad declararon la emergencia económica y presupuestaria hasta diciembre de este año. El 28 de febrero pasado, miércoles, testigos presenciaron una movilización de organizaciones y estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), quienes llevaron a cabo acciones de protesta en desacuerdo con las políticas educativas del gobierno encabezado por Javier Milei. Esta manifestación se desarrolló coincidiendo con una sesión ordinaria del Consejo Superior de la universidad, en el contexto de un nuevo encuentro de los claustros, la cual concluiría con una resolución difícil de tomar, que sería comunicada horas más tardes a través de un contundente comunicado. Durante la sesión, los miembros del consejo y representantes de los claustros votaron mayoritariamente a favor de la declaración de emergencia económica y presupuestaria de la UNQUI hasta el 31 de diciembre de 2024, en respuesta a las medidas de ajuste económico implementadas por el gobierno de Javier Milei. En este contexto, el artículo 2 del proyecto de la universidad deja claro su reclamo al gobierno nacional: "se exige el cumplimiento de la responsabilidad indelegable de garantizar las condiciones presupuestarias mínimas de financiamiento que permitan el funcionamiento de las Universidades públicas, establecida por la Ley 24.251". La situación fue descrita como "asfixiante" por los miembros de la UNQUI. El rector de la institución, Alfredo Alfonso, en declaraciones con la prensa, advirtió sobre la posibilidad de cierre de la universidad debido al ajuste impuesto por el gobierno de Javier Milei, declarando: "No creemos que podamos pasar más allá de mitad de año porque se multiplican los consumos, los gastos e incrementos de lo que tenemos que pagar en relación a un presupuesto que quedó muy exiguo". Alfonso expresó su preocupación antes de presidir la asamblea, afirmando: "Nunca, en 35 años de existencia estuvimos tan cerca de semejante asfixio presupuestario que afecta no solo salarios y funcionamiento sino también becas, investigación, extensión, cultura y transferencia". Por otro lado, Abril Carugatti, secretaria por el Derecho a la Educación Pública en el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y Artes, demandó que la declaración de emergencia no tenga repercusiones negativas en las actividades académicas, manifestando: "no implique para el rectorado un cheque en blanco para modificar condiciones de cursada y de trabajo bajo ninguna circunstancia."
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