Un policía bonaerense fue detenido este miércoles en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre, acusado de integrar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico y que estaba presuntamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, a la que se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015, informaron fuentes de la investigación.
El detenido fue identificado por los voceros como el subteniente de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, Adrián Gonzalo Baeta, quien era buscado desde hacía meses en el marco de la causa que investigan la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal 2 de ese mismo distrito, Fernando Domínguez.
Los voceros detallaron a la agencia de noticias Télam que Baeta fue localizado este miércoles por la madrugada en un domicilio de la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El policía fue involucrado en la causa por la declaración como “arrepentido” de un ex miembro de la fuerza, quien se refirió a su rol como testigo en el procedimiento Leones Blancos dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el presunto jefe de la asociación ilícita.
Según la pesquisa, Baeta actuó en la interceptación de los vehículos con droga en el operativo denominado Leones Blancos, realizado en 2013 en el partido de Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad. Ese operativo fue dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el organizador asociación ilícita.
Según el arrepentido, el cargamento de cocaína obtenido en ese procedimiento “era la mitad del total secuestrado y fue trasladado a un local de la calle Urquiza y Carlos Pellegrini de Quilmes en unos bolsos azules con manijas negras”. “Eran bolsos de unos 20 kilos. Pusimos entre 26 y 28 bolsos en la camioneta (Chevrolet) S10, en la caja y adentro de los asientos”, añadió el arrepentido, quien detalló que ese local pertenecía al policía Baeta, ahora detenido.
En el marco de la causa en la que se investigan numerosos procedimientos de drogas irregulares, el fiscal Domínguez imputó a 41 efectivos de la Policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán, mientras que la jueza Arroyo Salgado procesó a 15 personas, a 14 de ellas con prisión preventiva, aunque dos –ambos secretarios judiciales– quedaron con falta de mérito en diciembre pasado a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín. Al momento de dictar los procesamiento de dos funcionarios judiciales, diez policías y un abogado, la jueza consideró, en base a dichos de testigos, que la droga de la que se apoderaba la organización era comercializada ilegalmente y que el dinero obtenido luego era repartido entre todos sus miembros.
En el mismo escrito, la magistrada hizo referencia al procedimiento Leones Blancos como el operativo en el que la banda se apoderó de 500 kilos de cocaína, mientras que consignó que otros 55 kilos serían producto de tres allanamientos en la zona de José C. Paz llevados a cabo a mediados de 2014, cuando también se pactó con una banda narco la entrega de 300.000 pesos a modo de pago para evitar una causa judicial.
Respecto del dinero obtenido de otras extorsiones a sospechosos a cambio de no detenerlos, los pesquisas establecieron que 30.000 dólares fueron entregados por un supuesto narco de José León Suárez en 2014; 6.000 pesos y 3.000 dólares por otro acusado en mayo de 2015 en Carapachay; y 80.000 pesos por una mujer allanada en 2015, también en José León Suárez.
En la causa fueron procesados con prisión preventiva los funcionarios judiciales Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale –luego liberados por falta de mérito–; los policías bonaerenses Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares y Juana Medina; al ex efectivo Mario De Armas; al abogado Matías Pedersoli; y otras dos personas llamadas Cristian Seu y José Molina.
Si bien la investigación abarca distintos grados de participación de los sospechosos y delitos, los principales son “asociación ilícita, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, cohecho pasivo, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“El fraguado de actuaciones policiales descriptas en este decisorio, el temor infundido a víctimas y testigos, la utilización de testigos falsos, los testimonios guionados, direccionados o falseados, las maniobras extorsivas desplegadas, todo ello a partir del abuso de poder y de las facultades con las que fueron investidos, así como también de las herramientas puestas a su disposición para el ejercicio de la función pública, forman parte de la matriz y modus operandi evidenciado en la pesquisa”, señaló la magistrada.
En la causa también se encuentra imputado el fiscal Scapolán, quien está separado de su cargo y afronta además un pedido de desafuero.
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