El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidió este sábado intervenir la Comisaría 3ra. de Quilmes Oeste. Además se detuvo al Jefe de calle de la Seccional y se encuentra prófugo otro de los agentes que prestaba servicio en la dependencia policial. Asimismo se desafectó a otros cuatro efectivos, entre ellos, un subcomisario.
Se los acusa de extorsionar y golpear a comerciantes bolivianos de Ezpeleta a cambio de “no armar una causa por trata de personas”. Un grupo de comerciantes que tenían un taller clandestino de costura en la calle Blas Parera, al 300 denunciaron a los policías por extorsión, ya que según relataron fueron coaccionados, amenazados y golpeados, por los agentes para entregarles una importante suma de dinero, a cambio de no modificar la carátula del caso por el de “trata de personas”. Además, dijeron que esto ocurrió ante la presencia de una fiscal que avaló el procedimiento.
La denuncia salpica a la fiscal que presuntamente “permitió y toleró” lo ocurrido. La Auditoría General de Asuntos Internos inició una investigación e informó a la Procuraduría General de la Provincia sobre las irregularidades formuladas en la denuncia contra la fiscal. Sobre los uniformados implicados se desprendió también que habían sido denunciados por el idéntico accionar en al menos cinco allanamientos. En todos estos casos figura que la instrucción estuvo a cargo de la misma funcionaria judicial.
También la fiscal ya había sido denunciada ante la Procuraduría por el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, cuando en octubre del año pasado impidió que la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego de Azar Ilegal clausurara un local donde se realizaban apuestas clandestinas.
Los policías apuntados fueron Hugo Enrique Coll, jefe de calle de la comisaría 3° de Quilmes (detenido), el teniente Claudio Ramón Lugones (prófugo), los oficiales Diego Damián Appella, Victor Emilio Tevez, Jonatan Eduardo Ocampo, y el subcomisario Nicolás Cristaldo. Todos desafectados de la fuerza a la espera del avance de la causa judicial.
Desde la Procuración bonaerense confirmaron que en cuanto a la acusación contra la fiscal Ximena Santoro, titular de la UFI N° 7 del departamento judicial de Quilmes, "ya se inició un proceso disciplinario para investigar la supuesta conducta y evaluar la posible promoción de acción penal".
Según informaron a la prensa fuentes judiciales y policiales, la denuncia fue formulada por dueños de un taller de costura, quienes aseguraron que tras un allanamiento un grupo de agentes les exigió la entrega de dinero a cambio de no iniciar una causa por trata de personas. Los denunciantes aseguraron que la extorsión se realizó ante la atenta mirada de la fiscal Santoro.
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