La Defensoría del Pueblo de Quilmes, a través de sus adjuntos, Nicolás Engel y Gustavo González, expondrán mañana en el orden 39 en el marco de las audiencias públicas por las tarifas de gas. Además reiteraron, mediante expediente, el pedido de audiencia con el intendente, Martiniano Molina.
Habrá 4 temas que tocarán durante su exposición y tratarán de buscar respuesta. Según afirmó Engel, “no existe un criterio por el cual ellos saben por qué aumentaron el gas. Esto se demuestra porque primero lo llevaron al 4.000 por ciento, luego al 1.000, al 400 y finalmente al 200 por ciento. Por ende, en primer lugar quiero que me digan cómo fijan el precio del BTU”.
Como segunda cuestión plantearán qué sucederá con las pymes, ya que en el fallo de la Corte sólo incluye a los usuarios residenciales. En tercer lugar quieren saber qué va a pasar con aquellos que no puedan pagar las facturas: “El que se queda sin trabajo y cobra un seguro de desempleo, si paga el gas no puede comer. Hay que flexibilizar los requisitos para poder acceder a la tarifa social”. Por ese motivo, propondrán que queden exentos del aumento quienes estén desempleados y lo demuestren mediante el saldo negativo que figura en ANSES.
ENTIDADES
El último punto a tratar será el de los clubes, las ONGs y los centros de jubilados. Además hicieron hincapié en que sean exceptuados o tengan una tarifa social las viviendas con múltiples hogares, donde hay varias familias utilizando un mismo medidor. “Esto genera un consumo enorme por domicilio, de manera que no pueden acceder a la tarifa social”.
Si bien es cierto que cada hogar debería contar con un medidor propio, es muy caro poder conseguirlo ya que requiere del trabajo de un gasista matriculado que cobra alrededor de 25 mil pesos. “Esto lo pedimos en el 2006 y se tuvo en cuenta con el requisito de que el solicitante firme una declaración jurada. Del mismo modo, queremos sumar a quienes en su casa pusieron un quiosco o una maquina de coser, a quienes hoy les cobran como comercio”, explicó González.
Habrá 4 temas que tocarán durante su exposición y tratarán de buscar respuesta. Según afirmó Engel, “no existe un criterio por el cual ellos saben por qué aumentaron el gas. Esto se demuestra porque primero lo llevaron al 4.000 por ciento, luego al 1.000, al 400 y finalmente al 200 por ciento. Por ende, en primer lugar quiero que me digan cómo fijan el precio del BTU”.
Como segunda cuestión plantearán qué sucederá con las pymes, ya que en el fallo de la Corte sólo incluye a los usuarios residenciales. En tercer lugar quieren saber qué va a pasar con aquellos que no puedan pagar las facturas: “El que se queda sin trabajo y cobra un seguro de desempleo, si paga el gas no puede comer. Hay que flexibilizar los requisitos para poder acceder a la tarifa social”. Por ese motivo, propondrán que queden exentos del aumento quienes estén desempleados y lo demuestren mediante el saldo negativo que figura en ANSES.
ENTIDADES
El último punto a tratar será el de los clubes, las ONGs y los centros de jubilados. Además hicieron hincapié en que sean exceptuados o tengan una tarifa social las viviendas con múltiples hogares, donde hay varias familias utilizando un mismo medidor. “Esto genera un consumo enorme por domicilio, de manera que no pueden acceder a la tarifa social”.
Si bien es cierto que cada hogar debería contar con un medidor propio, es muy caro poder conseguirlo ya que requiere del trabajo de un gasista matriculado que cobra alrededor de 25 mil pesos. “Esto lo pedimos en el 2006 y se tuvo en cuenta con el requisito de que el solicitante firme una declaración jurada. Del mismo modo, queremos sumar a quienes en su casa pusieron un quiosco o una maquina de coser, a quienes hoy les cobran como comercio”, explicó González.
