Una causa judicial iniciada en 2001 por organizaciones sociales y vecinos de Quilmes culminó en septiembre de 2014 con un fallo histórico de la Justicia Federal, que ordena al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a las empresas prestadoras del servicio de agua y servicios cloacales a realizar importantes obras de infraestructura, destinadas a revertir el ascenso de la napas freáticas que ocasionó gravísimos problemas en 18 municipios y Capital Federal.
La denuncia fue impulsada por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica "18 de octubre", con el objetivo de revertir el ascenso de agua subterránea, en base a la existencia de serios riesgos ambientales -con graves secuelas en la salud de la población- y a numerosas propiedades inundadas.
Privatización
El problema comenzó tras la privatización de la empresa nacional Obras Sanitarias en manos de la compañía Aguas Argentinas S.A., que comenzó a extraer agua del Río de La Plata y anuló las extracciones del Acuífero Puelche.
Este cambio de estrategia ocasionó que el Puelche recupere altos niveles de agua y promovió el ascenso de las napas freáticas, que derivó en numerosos problemas para millones de personas.
Entre los sectores más perjudicados se encuentran Quilmes y San Francisco Solano, como así también Lomas de Zamora y Almirante Brown. Allí, como así también en otros distritos, el avance de las aguas subterráneas provocaba -además de las inundaciones- el constante desborde de los pozos ciegos, motivo por el cual los vecinos desagotaban los desechos cloacales en la calle.
Ese problema persiste hoy en día pese a que se tomaron medidas paliativas que no aportaron una solución definitiva.
Medida cautelar
En el año 2003, el Juez interviniente y la Cámara Federal de La Plata habían ordenado cautelarmente colocar bombas depresoras en las zonas anegadas por el ascenso freático, como medida provisoria para intentar paliar la situación.
El juicio siguió adelante y culminó este mes con un fallo sin precedentes contra la empresa Aguas Argentinas S.A., la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., el Estado Nacional, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), la Agencia de Planificación (APLA) y la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, el Juez Federal de La Plata, Adolfo G. Ziulu, determinó "la reparación de cloacas en toda el área comprendida en la concesión de AySA, así como también la elaboración de un plan de obras cloacales para la totalidad del área que carece de este sistema.
Además, el magistrado platense ordenó restablecer las extracciones de agua en el Acuífero Puelche.
La denuncia fue impulsada por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica "18 de octubre", con el objetivo de revertir el ascenso de agua subterránea, en base a la existencia de serios riesgos ambientales -con graves secuelas en la salud de la población- y a numerosas propiedades inundadas.
Privatización
El problema comenzó tras la privatización de la empresa nacional Obras Sanitarias en manos de la compañía Aguas Argentinas S.A., que comenzó a extraer agua del Río de La Plata y anuló las extracciones del Acuífero Puelche.
Este cambio de estrategia ocasionó que el Puelche recupere altos niveles de agua y promovió el ascenso de las napas freáticas, que derivó en numerosos problemas para millones de personas.
Entre los sectores más perjudicados se encuentran Quilmes y San Francisco Solano, como así también Lomas de Zamora y Almirante Brown. Allí, como así también en otros distritos, el avance de las aguas subterráneas provocaba -además de las inundaciones- el constante desborde de los pozos ciegos, motivo por el cual los vecinos desagotaban los desechos cloacales en la calle.
Ese problema persiste hoy en día pese a que se tomaron medidas paliativas que no aportaron una solución definitiva.
Medida cautelar
En el año 2003, el Juez interviniente y la Cámara Federal de La Plata habían ordenado cautelarmente colocar bombas depresoras en las zonas anegadas por el ascenso freático, como medida provisoria para intentar paliar la situación.
El juicio siguió adelante y culminó este mes con un fallo sin precedentes contra la empresa Aguas Argentinas S.A., la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., el Estado Nacional, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), la Agencia de Planificación (APLA) y la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, el Juez Federal de La Plata, Adolfo G. Ziulu, determinó "la reparación de cloacas en toda el área comprendida en la concesión de AySA, así como también la elaboración de un plan de obras cloacales para la totalidad del área que carece de este sistema.
Además, el magistrado platense ordenó restablecer las extracciones de agua en el Acuífero Puelche.
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