¡HOY ES EL 357º ANIVERSARIO DE QUILMES!
El 14 de agosto de 1812 el triunvirato revolucionario declara por decreto a los Kilmes “Pueblo libre de habitar o transitar por cualquier motivo este suelo…”, dando así todos los derechos y responsabilidades de cualquier habitante de esta nación; culmina con ello la larga lucha de sometimiento y servidumbre esclava de los corregidores y estancieros de Buenos Aires.
(Por Juan Carlos Gallardo) El Bicentenario del pueblo libre de los Quilmes no es un aniversario más, que recuerda la segunda fundación de este partido, por decreto del 14 de agosto de 1812 del primer Triunvirato, integrado por los tres demócratas de ideología Morenista: Feliciano Chiclana, Manuel Sarratea y Juan José Paso, da por extinguida la Reducción de la “Exaltación de la santa cruz de los Quilmes” y la reintegra a la propiedad y beneficios de pertenecer al Estado.
Por medio de la misma, se igualaba a los pocos indios Kilmes que aún quedaban con los demás ciudadanos, importante determinación que terminó con las restricciones que impedían el normal desarrollo del pueblo como pueblo libre. La decisión del Triunvirato se correspondía con los liberales principios de igualdad social que postulaba la Revolución de Mayo, de Manuel Belgrano, José de San Martín, Mariano Moreno y tantos otros héroes Argentinos que habían dispuesto para los pueblo originarios “…la igualdad que les correspondía con las demás clases del Estado”. Por ese entonces, Quilmes era la principal ciudad ganadera de la Provincia de Buenos Aires. La declaración del decreto del primer triunvirato revolucionario decía textualmente: “al Pueblo de los Kilmes libre a toda clase de personas” y a “su territorio de la propiedad del Estado...», añadiendo que derogaba y suprimía todos los derechos y privilegios que gozaban los indios, en cuya virtud extinguía “en los citados naturales toda jurisdicción, amparándoles ahora en la posesión de los Terrenos que ocupan, y cultivan hasta que el Coronel Don Pedro Andrés García realice el plano que se le ha ordenado formar del indicado Pueblo, en cuyo caso se publicarán las demás providencias acordadas; Comuníquese esta superior resolución al gobernador intendente de la provincia para que la haga entender y cumplir según corresponda ”.
El Primer Triunvirato, mediante este decreto, declaró “pueblo libre” a los “Quilmes”, extinguiendo así la jurisdicción indígena, sólo respetándoles los terrenos que ocupaban lo que les permitió acabar con las restricciones que limitaban su desarrollo, mientras los encomenderos españoles protestaban y demandaban tener a muchos indios sirvientes. Pero las malas condiciones de higiene, el poco trabajo que había y la añoranza al territorio de sus ancestros, impulsaron la vuelta de algunos de los pocos sobrevivientes de la comunidad a su espacio de tierra, La Reducción se disolvió en 1812, El decreto que la ordenó fue publicado en la Gaceta Ministerial y hoy parece una burla, cuando ya casi no había “Kilme” vivos en el lugar el gobierno los declaró como: “Pueblo libre de habitar o transitar por cualquier motivo”, a ese pueblo instalado en la pampa húmeda a unos treinta kilómetros de Buenos Aires, conocido hoy bajo el nombre de ciudad de Quilmes, cuando sólo quedaban unas doce familias indias en el poblado fue el fin de la reducción; las prohibiciones contenidas en las Leyes de Indias a propósito del régimen de las reducciones, las condenaban a languidecer y extinguirse en una vida vegetativa, favorable a esa finalidad. Los documentos misioneros muestran como la población autóctona originaria decrecía: de más de mil habitantes a fines de 1667, la Reducción de los Kilme pasó a 455 en 1680, la viruela, enfermedad importada de Europa llevó muchos Kilme en el año 1718, hasta llegar a 148 en 1773, 218 en 1810 y 216 en 1812; estos últimos Kilme y Acalianos contaban con poca descendencia pura, por efecto de cruzas con blancos, negros, mulatos y otros aborígenes de la zona. En 1812, la población histórica Kilme estaba próxima a extinguirse y el párroco maltratador de indios Santiago Rivas y su Iglesia, calificó de “indios ociosos y miserables” a los pocos Kilme descendientes de los que fundaron con su llegaba lo que hoy es partido bonaerense, el mismo presbítero que tampoco nunca cumplió con lo que debía hacer una reducción de común acuerdo con los encomendados, éste transmitió al gobierno una solicitud para que fueran derogadas las Leyes de Indias, respecto a la reducción de los Quilmes, pero el Protector de Naturales Pedro José de Agrelo presentó al Cabildo la nómina de residentes en la Reducción: El “Padrón de naturales Quilmes y Acalianos de la reducción de la santa cruz”.
El petitorio que provocó la resolución del 1° Triunvirato también lleva la firma de Bernardino Rivadavia como secretario en Buenos Aires, Agosto 14 de 1812. Dentro del Municipio la concejal Cora Otamendi explicó de manera acotada pero contundente los vastos motivos para declarar a Quilmes ciudad histórica, haciendo un recordatorio sobre el rol de nuestro distrito a lo largo de nuestra historia Argentina. El Bicentenario del pueblo libre de los Quilmes es un aniversario que recuerda la segunda fundación de este partido, pero además es una fecha para reivindicar la identidad de nosotros los Quilmeños como descendientes directos y únicos aquí junto con los residentes en la ciudad sagrada, Naturales del último pueblo guerrero que lucho por la independencia Americana contra el imperialismo colonialista extranjero y ladrón, ya que la resistencia continua porque aquí aun no descansan en la plaza histórica, los huesos del último Cacique de los dos Pueblos Martin Iquín y su hija Isabel Pallamay, la primer Cacique mujer de Sud América, también por los derechos inalienables aun no devueltos de los pueblos originarios y entre estos la recuperación del valle del Yocavil y la Ciudad Sagrada para sus genuinos propietarios completamente, porque no alcanza con llenarse la boca de grandes y retóricos discursos americanistas originarios en defensa de la identidad, ni crear leyes sí después no se las aplica. Feliz Bicentenario “Mí Quilmes Kilme.”
Las tierras que ocupan las comunidades indigenas, Ley 26.160, de emergencia sobre posesión y propiedad. Aplicada a medias ¿y el 70 % de los 24 millones de pesos?
La ley 26.160, sancionada el 23 de noviembre de 2006, intentó reparar la problemática de las tierras originarias y se convirtió en una de las banderas del oficialismo. La ley decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas, frenando los desalojos y estableció un plazo de tres años para realizar un relevamiento de los territorios. Pero un informe actual de la Auditoría General de la Nación –el organismo que controla las cuentas del Estado– determinó que en tres años sólo se relevó el 4,22 por ciento de las comunidades, y que además se desconoce a donde fue a parar el 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial –señala el informe de la AGN– ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”. Además, la AGN encontró que de las once provincias que recibieron fondos, seis nunca informaron en qué habían gastado el dinero. Se trata de Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán. “Resultados ínfimos” definió la Auditoría sobre el estado del relevamiento. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, es el organismo encargado de llevar adelante el programa. Sus voceros admitieron que existe un retraso, que son varias las provincias que tienen sus cuentas en rojo y que por esa razón el ministerio ya envío intimaciones. Sin embargo, en el INAI relativizaron la auditoría y, oficialmente, reconocen que de las 1.600 comunidades hasta ahora sólo se relevaron 300. Aseguran también que al comienzo del programa estimaban que sólo debían relevar 600 comunidades. En noviembre de 2009, cuando ya era un hecho que el relevamiento no estaría listo en el plazo establecido se sancionó una nueva ley que fijó una prórroga de tres años. En el INAI sostienen que uno de los principales problemas es la “superposición de jurisdicciones”. “Hay facultades concurrentes –dijo el vocero del organismo– y por eso no podemos avanzar, es complicado definir de quién es la jurisdicción, si de Nación o la provincia”. Mientras el gobierno central y las provincias no logran ponerse de acuerdo, la AGN determinó que además, los convenios que el INAI firmó con otras entidades no hicieron más que diluir el presupuesto: “No hay fundamentos que justifiquen la tercerización del servicio”, dice el informe sobre el convenio con la Fundación ArgenINTA, que debía administrar esos fondos. La AGN también cuestiona que se haya contratado a la Universidad de Lanús para seleccionar personal y definir la operatoria del relevamiento: de los 11,5 millones de pesos que había recibido la UNLA, sólo se rindieron 3,2 millones. Voces locales: Gustavo Macayo, abogado indigenista que actuó en la causa Benetton, señala: “El problema es que son comunidades en conflicto, por eso este relevamiento es una herramienta jurídica y política. Se van a blanquear las situaciones si realmente se quiere la titularización de las tierras para las comunidades. El problema es que hay provincias como Neuquén que sólo ponen palos en la rueda, hay comunidades que no están ni enteradas de lo que tienen que hacer”. El relevamiento es el primer paso –así fue concebida la ley– para saldar una deuda histórica. Hoy todavía no se sabe con exactitud cuántos son y cómo viven los indígenas argentinos. El censo aportó algunos datos: que son 955 mil -número cuestionado por las comunidades- y que la mitad de ellos no tienen ningún tipo de cobertura médica. Pero el otro punto no escrito que implica este relevamiento es que obliga a redefinir el papel del Estado cuando se trata de discutir tierras en conflicto.
El Primer Triunvirato, mediante este decreto, declaró “pueblo libre” a los “Quilmes”, extinguiendo así la jurisdicción indígena, sólo respetándoles los terrenos que ocupaban lo que les permitió acabar con las restricciones que limitaban su desarrollo, mientras los encomenderos españoles protestaban y demandaban tener a muchos indios sirvientes. Pero las malas condiciones de higiene, el poco trabajo que había y la añoranza al territorio de sus ancestros, impulsaron la vuelta de algunos de los pocos sobrevivientes de la comunidad a su espacio de tierra, La Reducción se disolvió en 1812, El decreto que la ordenó fue publicado en la Gaceta Ministerial y hoy parece una burla, cuando ya casi no había “Kilme” vivos en el lugar el gobierno los declaró como: “Pueblo libre de habitar o transitar por cualquier motivo”, a ese pueblo instalado en la pampa húmeda a unos treinta kilómetros de Buenos Aires, conocido hoy bajo el nombre de ciudad de Quilmes, cuando sólo quedaban unas doce familias indias en el poblado fue el fin de la reducción; las prohibiciones contenidas en las Leyes de Indias a propósito del régimen de las reducciones, las condenaban a languidecer y extinguirse en una vida vegetativa, favorable a esa finalidad. Los documentos misioneros muestran como la población autóctona originaria decrecía: de más de mil habitantes a fines de 1667, la Reducción de los Kilme pasó a 455 en 1680, la viruela, enfermedad importada de Europa llevó muchos Kilme en el año 1718, hasta llegar a 148 en 1773, 218 en 1810 y 216 en 1812; estos últimos Kilme y Acalianos contaban con poca descendencia pura, por efecto de cruzas con blancos, negros, mulatos y otros aborígenes de la zona. En 1812, la población histórica Kilme estaba próxima a extinguirse y el párroco maltratador de indios Santiago Rivas y su Iglesia, calificó de “indios ociosos y miserables” a los pocos Kilme descendientes de los que fundaron con su llegaba lo que hoy es partido bonaerense, el mismo presbítero que tampoco nunca cumplió con lo que debía hacer una reducción de común acuerdo con los encomendados, éste transmitió al gobierno una solicitud para que fueran derogadas las Leyes de Indias, respecto a la reducción de los Quilmes, pero el Protector de Naturales Pedro José de Agrelo presentó al Cabildo la nómina de residentes en la Reducción: El “Padrón de naturales Quilmes y Acalianos de la reducción de la santa cruz”.
El petitorio que provocó la resolución del 1° Triunvirato también lleva la firma de Bernardino Rivadavia como secretario en Buenos Aires, Agosto 14 de 1812. Dentro del Municipio la concejal Cora Otamendi explicó de manera acotada pero contundente los vastos motivos para declarar a Quilmes ciudad histórica, haciendo un recordatorio sobre el rol de nuestro distrito a lo largo de nuestra historia Argentina. El Bicentenario del pueblo libre de los Quilmes es un aniversario que recuerda la segunda fundación de este partido, pero además es una fecha para reivindicar la identidad de nosotros los Quilmeños como descendientes directos y únicos aquí junto con los residentes en la ciudad sagrada, Naturales del último pueblo guerrero que lucho por la independencia Americana contra el imperialismo colonialista extranjero y ladrón, ya que la resistencia continua porque aquí aun no descansan en la plaza histórica, los huesos del último Cacique de los dos Pueblos Martin Iquín y su hija Isabel Pallamay, la primer Cacique mujer de Sud América, también por los derechos inalienables aun no devueltos de los pueblos originarios y entre estos la recuperación del valle del Yocavil y la Ciudad Sagrada para sus genuinos propietarios completamente, porque no alcanza con llenarse la boca de grandes y retóricos discursos americanistas originarios en defensa de la identidad, ni crear leyes sí después no se las aplica. Feliz Bicentenario “Mí Quilmes Kilme.”
Las tierras que ocupan las comunidades indigenas, Ley 26.160, de emergencia sobre posesión y propiedad. Aplicada a medias ¿y el 70 % de los 24 millones de pesos?
La ley 26.160, sancionada el 23 de noviembre de 2006, intentó reparar la problemática de las tierras originarias y se convirtió en una de las banderas del oficialismo. La ley decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas, frenando los desalojos y estableció un plazo de tres años para realizar un relevamiento de los territorios. Pero un informe actual de la Auditoría General de la Nación –el organismo que controla las cuentas del Estado– determinó que en tres años sólo se relevó el 4,22 por ciento de las comunidades, y que además se desconoce a donde fue a parar el 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial –señala el informe de la AGN– ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”. Además, la AGN encontró que de las once provincias que recibieron fondos, seis nunca informaron en qué habían gastado el dinero. Se trata de Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán. “Resultados ínfimos” definió la Auditoría sobre el estado del relevamiento. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, es el organismo encargado de llevar adelante el programa. Sus voceros admitieron que existe un retraso, que son varias las provincias que tienen sus cuentas en rojo y que por esa razón el ministerio ya envío intimaciones. Sin embargo, en el INAI relativizaron la auditoría y, oficialmente, reconocen que de las 1.600 comunidades hasta ahora sólo se relevaron 300. Aseguran también que al comienzo del programa estimaban que sólo debían relevar 600 comunidades. En noviembre de 2009, cuando ya era un hecho que el relevamiento no estaría listo en el plazo establecido se sancionó una nueva ley que fijó una prórroga de tres años. En el INAI sostienen que uno de los principales problemas es la “superposición de jurisdicciones”. “Hay facultades concurrentes –dijo el vocero del organismo– y por eso no podemos avanzar, es complicado definir de quién es la jurisdicción, si de Nación o la provincia”. Mientras el gobierno central y las provincias no logran ponerse de acuerdo, la AGN determinó que además, los convenios que el INAI firmó con otras entidades no hicieron más que diluir el presupuesto: “No hay fundamentos que justifiquen la tercerización del servicio”, dice el informe sobre el convenio con la Fundación ArgenINTA, que debía administrar esos fondos. La AGN también cuestiona que se haya contratado a la Universidad de Lanús para seleccionar personal y definir la operatoria del relevamiento: de los 11,5 millones de pesos que había recibido la UNLA, sólo se rindieron 3,2 millones. Voces locales: Gustavo Macayo, abogado indigenista que actuó en la causa Benetton, señala: “El problema es que son comunidades en conflicto, por eso este relevamiento es una herramienta jurídica y política. Se van a blanquear las situaciones si realmente se quiere la titularización de las tierras para las comunidades. El problema es que hay provincias como Neuquén que sólo ponen palos en la rueda, hay comunidades que no están ni enteradas de lo que tienen que hacer”. El relevamiento es el primer paso –así fue concebida la ley– para saldar una deuda histórica. Hoy todavía no se sabe con exactitud cuántos son y cómo viven los indígenas argentinos. El censo aportó algunos datos: que son 955 mil -número cuestionado por las comunidades- y que la mitad de ellos no tienen ningún tipo de cobertura médica. Pero el otro punto no escrito que implica este relevamiento es que obliga a redefinir el papel del Estado cuando se trata de discutir tierras en conflicto.
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