“La ley no se puede cambiar oficiosamente, porque ese es un mecanismo de facto. Ante la conducta asumida por el señor Intendente, acudimos a la Justicia”
A la comunidad quilmeña: Los concejales que hemos acudido a la Justicia para que sea ésta la que salde la diferencia entre lo que el Deliberante sancionó como norma de regularización de construcciones y lo que el Ejecutivo ha reglamentado, no podemos menos que lamentar la confusión conceptual en la que el Ejecutivo ha hecho caer a quienes integran la Unión de Constructores de Quilmes, a la que de todos modos, no desconocemos como actor interesado en el resultado de éste proceso. Quilmes tiene hoy una Ordenanza que el propio oficialismo elaboró e inspiró, que ha sido votada por el número de ediles que la ley ordena y sobre el que el departamento Ejecutivo PUDO HACER VALER SU FACULTAD DE VETO TOTAL O PARCIAL, cosa que no hizo.
En consecuencia, estamos ante un hecho consumado. Una norma con rango de ley a nivel municipal que fue votada legalmente y promulgada del mismo modo.
La ley no se puede cambiar oficiosamente, porque ese es un mecanismo de facto. Ante la conducta asumida por el señor Intendente, acudimos a la Justicia, única instancia que hoy, puede analizar el tema sin rasgos extemporáneos. A ella nos someteremos y a ella deben someterse todos los actores quilmeños. Los tiempos de la propuesta, el debate y la discusión; caducaron.
Por eso no querríamos que nadie se deje arrastrar a confusiones en éste sentido, permitiéndonos un pequeño ejercicio docente cual es el de informar a los señores constructores que una Ordenanza se modifica solo con otra, siendo un decreto Ejecutivo un instrumento de rango inferior carente de peso normativo para hacerlo.
Si es necesario que el ejercicio lo tome también el Departamento Ejecutivo, se lo hacemos extensivo.
Concejales. Roberto Gaudio, Diego Iglesias; Mario Sahagun, Raquel Vallejos, Eduardo Sánchez; José Casazza, Diego Buffone, Fernando Pérez.
