En los últimos días hemos sido testigos de una oleada de críticas y de ataques contra nuestros hermanos latinoamericanos que viven en nuestro país como si ellos fueran los responsables de todos los males que nos aquejan a los Argentinos. Cosa que desde ya les digo que no es así.
Incluso desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional, hasta han modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ley de migraciones sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2003, después de una incesante lucha por parte de las colectividades migrantes en Argentina y demás organizaciones, quienes con firmeza habían logrado derogar la repugnable ley dictatorial del genocida Videla.
Entendemos que este DNU se origina en el contexto creado por los medios de comunicación funcionales al gobierno, que impregnaron en la sociedad la xenofobia, discriminación, criminalización y persecución, hacia nuestros pueblos hermanos, desde donde se habían dado hasta estadísticas del uso que hacían los migrantes de los centros hospitalarios y educacionales, o hasta echarles la culpa por la falta de empleo, ligando a la constante asociación de delincuencia con el ser migrante.
Tampoco podemos olvidar que hubieron hasta palabras y comentarios xenófobos por parte de funcionarios públicos, que hasta fueron respaldados por ministros, legisladores y, hay que reconocerlo, por una gran parte de la población argentina. Así fue que finalmente sucede el primer gran atropello a sus derechos, cuando el año pasado se creó el centro de detención del migrante, implicando un retroceso importantísimo que los hace volver otra vez a un pasado oscuro que parecía haberse superado.
Este es un decreto que responde a intereses contrarios al mismo texto constitucional, ya que según la misma Constitución Nacional, el DNU es una herramienta que solamente podría ser usada de manera excepcional cuando haya una urgencia a resolver y el Congreso no tenga la posibilidad de sesionar, y además aclara que no debe tratar sobre normas que regulen en materia penal, tal como lo hace el decreto que nos referimos.
La justificación de este DNU, según sus considerandos, es la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia. Error, ya que el mismo decreto indica que de la cifra de la población carcelaria solo el 4,5 por ciento corresponde a extranjeros. El decreto reduce la concesión de la residencia precaria que antes era de 180 días a sólo 90 días. La admisión de ingreso y permanencia es decidida de manera discrecional por la dirección nacional de migraciones, cuando antes intervenía además el ministerio del interior.
La cancelación de la residencia otorgada implica su inmediata expulsión sin importar las actuaciones judiciales que se puedan interponer. La expulsión antes implicaba no volver al país en un plazo de cinco años, ahora a partir del decreto el plazo es de 8 años. Se llega al extremo de permitir la expulsión de extranjeros aun sin la existencia de una condena firme, es decir se podría expulsar a aquel que tenga un proceso en su contra sin haber una sentencia que lo condene y que lo declara culpable.
Además se crea un nuevo "Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo", para la cancelación de las residencias otorgadas. La retención preventiva podrá ser solicitada en todo momento del proceso administrativo o judicial. Antes de la reforma cuando existía una sentencia que ordenaba la expulsión del migrante, podría ser cancelada si se acreditaba vinculo de padre, hijo o conyugue con un nativo argentino, dejando en libertad al individuo. Ahora el decreto dispone que la demostración del vínculo no obliga a dejarlo en libertad.
También rechazamos que los plazos para presentar recursos por parte del migrante en general son mucho más cortos, pasando de 30 a 3 días en el proceso judicial.
Basta de persecución, criminalización, discriminación y estigmatización porque el migrar es un derecho humano y lucharemos para revertir esta situación.
Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con todas las medidas que criminalizan y persiguen a las personas migrantes aprovechándose de su condición de extranjeras, así como con toda norma que restrinja y vulnere el derecho de cualquier persona a migrar y elegir el lugar donde desea vivir.
Y también rechazamos, porque no somos hipócritas, la estigmatización que se hace a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de la Patria Grande Latinoamericana, porque vemos que desde los medios de comunicación o desde el mismo gobierno, no tienen el mismo rechazo, ni le hacen las mismas acusaciones a los inmigrantes que vienen de Europa, Asia, México o EEUU, sino sólo a los portadores en sus rostros del color negro o mulato de nuestros antepasados.
Pedimos igualdad ante la ley para todas las personas que decidimos habitar este país, nacidos aquí o en cualquier lugar del mundo.
Febrero de 2017.
Incluso desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional, hasta han modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ley de migraciones sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2003, después de una incesante lucha por parte de las colectividades migrantes en Argentina y demás organizaciones, quienes con firmeza habían logrado derogar la repugnable ley dictatorial del genocida Videla.
Entendemos que este DNU se origina en el contexto creado por los medios de comunicación funcionales al gobierno, que impregnaron en la sociedad la xenofobia, discriminación, criminalización y persecución, hacia nuestros pueblos hermanos, desde donde se habían dado hasta estadísticas del uso que hacían los migrantes de los centros hospitalarios y educacionales, o hasta echarles la culpa por la falta de empleo, ligando a la constante asociación de delincuencia con el ser migrante.
Tampoco podemos olvidar que hubieron hasta palabras y comentarios xenófobos por parte de funcionarios públicos, que hasta fueron respaldados por ministros, legisladores y, hay que reconocerlo, por una gran parte de la población argentina. Así fue que finalmente sucede el primer gran atropello a sus derechos, cuando el año pasado se creó el centro de detención del migrante, implicando un retroceso importantísimo que los hace volver otra vez a un pasado oscuro que parecía haberse superado.
Este es un decreto que responde a intereses contrarios al mismo texto constitucional, ya que según la misma Constitución Nacional, el DNU es una herramienta que solamente podría ser usada de manera excepcional cuando haya una urgencia a resolver y el Congreso no tenga la posibilidad de sesionar, y además aclara que no debe tratar sobre normas que regulen en materia penal, tal como lo hace el decreto que nos referimos.
La justificación de este DNU, según sus considerandos, es la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia. Error, ya que el mismo decreto indica que de la cifra de la población carcelaria solo el 4,5 por ciento corresponde a extranjeros. El decreto reduce la concesión de la residencia precaria que antes era de 180 días a sólo 90 días. La admisión de ingreso y permanencia es decidida de manera discrecional por la dirección nacional de migraciones, cuando antes intervenía además el ministerio del interior.
La cancelación de la residencia otorgada implica su inmediata expulsión sin importar las actuaciones judiciales que se puedan interponer. La expulsión antes implicaba no volver al país en un plazo de cinco años, ahora a partir del decreto el plazo es de 8 años. Se llega al extremo de permitir la expulsión de extranjeros aun sin la existencia de una condena firme, es decir se podría expulsar a aquel que tenga un proceso en su contra sin haber una sentencia que lo condene y que lo declara culpable.
Además se crea un nuevo "Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo", para la cancelación de las residencias otorgadas. La retención preventiva podrá ser solicitada en todo momento del proceso administrativo o judicial. Antes de la reforma cuando existía una sentencia que ordenaba la expulsión del migrante, podría ser cancelada si se acreditaba vinculo de padre, hijo o conyugue con un nativo argentino, dejando en libertad al individuo. Ahora el decreto dispone que la demostración del vínculo no obliga a dejarlo en libertad.
También rechazamos que los plazos para presentar recursos por parte del migrante en general son mucho más cortos, pasando de 30 a 3 días en el proceso judicial.
Basta de persecución, criminalización, discriminación y estigmatización porque el migrar es un derecho humano y lucharemos para revertir esta situación.
Manifestamos nuestro profundo desacuerdo con todas las medidas que criminalizan y persiguen a las personas migrantes aprovechándose de su condición de extranjeras, así como con toda norma que restrinja y vulnere el derecho de cualquier persona a migrar y elegir el lugar donde desea vivir.
Y también rechazamos, porque no somos hipócritas, la estigmatización que se hace a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de la Patria Grande Latinoamericana, porque vemos que desde los medios de comunicación o desde el mismo gobierno, no tienen el mismo rechazo, ni le hacen las mismas acusaciones a los inmigrantes que vienen de Europa, Asia, México o EEUU, sino sólo a los portadores en sus rostros del color negro o mulato de nuestros antepasados.
Pedimos igualdad ante la ley para todas las personas que decidimos habitar este país, nacidos aquí o en cualquier lugar del mundo.
Febrero de 2017.
BLOQUE DE CONCEJALES
FRENTE PARA LA VICTORIA – JUNTOS POR QUILMES.
Angel García – Daniel Gurzi – José Barros-
FRENTE PARA LA VICTORIA – JUNTOS POR QUILMES.
Angel García – Daniel Gurzi – José Barros-
