Tras las severas críticas por los desmedidos costos y la falta de prestadores, el Ministerio de Transporte bonaerense aclaró que el nuevo esquema responde al Decreto 196/2025 del Gobierno Nacional.
Para evitar que la flota quede paralizada, otorgaron una prórroga de 60 días.
La polémica por la desregulación de las licencias de conducir profesionales sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. En medio de un creciente malestar social —que incluye el insólito impacto sobre los bomberos voluntarios, quienes deberán desembolsar unos $420.000 para obtener el carnet que los habilita a manejar una autobomba—, el Ministerio de Transporte bonaerense salió a desligarse de los incrementos y atribuyó la situación de manera directa al Gobierno Nacional.
A través de un comunicado oficial, la cartera que encabeza Martín Marinucci explicó que los requisitos, exámenes psicofísicos y aranceles no fueron fijados por la gestión provincial, sino que derivan de las modificaciones introducidas por la Casa Rosada mediante el Decreto N.º 196/2025 y las posteriores resoluciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El punto central del conflicto: La reforma eliminó la tradicional Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite independiente y derivó la habilitación a las clases C, D y E. Al privatizar el sistema de evaluaciones y no establecer tarifas de referencia, el costo quedó completamente desregulado a merced de la oferta privada.
Un mercado privado sin techo de precios
Según argumentaron desde la sede provincial, la Provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias desde 2010 y actúa por delegación de facultades. En ese marco, la normativa nacional dispuso que los exámenes teóricos, prácticos, capacitaciones y aptos psicofísicos pasen a ser ejecutados de forma exclusiva por prestadores privados registrados ante la ANSV.
El problema radica en que el nuevo régimen suprimió las tarifas de referencia estatales. En consecuencia, cada prestador privado fija y cobra sus honorarios de forma libre, sin intermediación económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias municipales. Esta liberación provocó saltos de costos considerables, golpeando tanto a choferes de carga y pasajeros como a servicios de emergencia.
El caso de los bomberos voluntarios encendió las alarmas en distintos cuarteles bonaerenses: para poder conducir un vehículo de rescate u autobomba interjurisdiccional, cada chofer debe afrontar un gasto que roza el medio millón de pesos, un valor crítico para instituciones que operan sin fines de lucro.
Prórroga de 60 días para evitar el parate
Ante el desabastecimiento de turnos —producto de la reducida cantidad de centros privados habilitados en el interior bonaerense— y el impacto económico en los trabajadores, el Ministerio de Transporte de la provincia dispuso una prórroga excepcional de 60 días en la vigencia de las licencias profesionales alcanzadas por el esquema.
La medida busca ganar tiempo para que los conductores puedan completar las evaluaciones sin quedar inhabilitados para prestar servicio o perder sus fuentes de trabajo.
Desde la cartera bonaerense ratificaron su "preocupación" por un esquema que, según señalaron, deja a los trabajadores y servicios esenciales "sujetos a un mercado de prestadores privados sin regulación estatal", lo que profundiza la desigualdad de acceso y genera distorsiones de precios a lo largo del territorio nacional.