La concejal libertaria Estefanía Albasetti llevó al recinto temas importantes para los vecinos como seguridad, rechazo al adoctrinamiento y salud mental.
La edil reclamó por más seguridad para el municipio, a la vez que criticó el convenio entre el municipio y Abuelas de Plaza de Mayo, y respaldó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental.
El último martes tuvo lugar la última sesión ordinaria del mes de julio en el recinto del Concejo Deliberante de Quilmes. Durante la misma se debatieron temas relacionados con la marcha de la gestión municipal.
La concejal Estefanía Albasetti se pronunció sobre distintos puntos de importancia para los vecinos, entre ellas la falta de seguridad en el municipio, la firma de un convenio entre la Municipalidad de Quilmes y Abuelas de Plaza de Mayo e hizo una ferrea defensa en cuanto a la modificación de la ley de Salud Mental que se envio al Congreso Nacional desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Uno de los momentos mas picantes de la sesion se dio cuando la edil hizo un firme reclamo por mayores medidas de seguridad para los vecinos, tras varios hechos de inseguridad que se registraron en las últimas semanas.
En ese sentido denunció la falta de patrullaje policial y el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia, a la vez que presentó una minuta de comunicación verbal solicitando mayor presencia de la "Patrulla Urbana" en los sectores donde se registran reiterados hechos delictivos. La propuesta de Albasetti fue rechazada por los ediles de la oposición.
Asimismo, expresó su rechazo al convenio que se suscribió entre el Municipio de Quilmes y Abuelas de Plaza de Mayo, señalando que "Resulta que la municipalidad firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para que ellas puedan adoctrinar a los empleados municipales, y los empleados tendrán la obligatoriedad de asistir", y añadió: "Estamos en contra del "adoctrinamiento" en escuelas, en universidades y ahora también en el ámbito laboral".
Por último, destacó el tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657, con el objetivo de actualizar los criterios de riesgo y facilitar el acceso a internaciones y tratamientos profesionales para personas con padecimientos de salud mental.