La Cancillería advirtió que dentro de su inventario tiene 61 inmuebles sobre los que no tiene escritura alguna o documentación que acredite su titularidad. Se trata de edificaciones supuestamente utilizadas por organizaciones religiosas y que hace más de 20 años la AABE se las asignó a la Cancillería justamente por su condición de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero desde entonces esa cartera dice no tener documentación alguna sobre los inmuebles y pide que se los desafecte. Desde el 2002 el Ministerio exige regularizar esa situación, la que no tuvo respuesta hasta ahora. En una de las notas, incluyó el listado de inmuebles y aclaró que no ejerce ni la custodia ni el mantenimiento de los mismos. TN verificó que uno de estos, ubicado en Moreno 729, en la localidad de Quilmes no es propiedad del Estado, sino de una firma llamada Raíces Patagónicas, cuyo presidente es Eduardo Sapag. En otras palabras, Cancillería hace más de 20 años que reclama le desafecten un inmueble que ni siquiera es del Estado. Fuentes de la AABE le dijeron a este medio que el caso de los 61 inmuebles “está en análisis” y que intentan verificar cuántas de esas propiedades realmente pertenecen al Estado, por qué fueron asignadas a la Cancillería y cuál es el estado actual de cada una. La AABE realizará junto con la Sigen y los ministerios y organismos descentralizados una auditoría respecto de los inmuebles para intentar arribar a un número final y consolidado. Se espera que esté lista para mitad de año. De esta manera se buscará zanjar las actuales diferencias que se replican en toda la administración nacional, como lo que ocurre con el exMinisterio de Obras Públicas, que según sus propios registros posee 97 inmuebles, mientras que para la AABE esa cifra es de 91. El problema radica en que en la propia auditoría que la AABE le entregó a la SIGEN informa que se verificó la inexistencia de un Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE) íntegro, completo y actualizado, además de detectar que en la información de los legajos de cada uno de los inmuebles resulta insuficiente si se tiene en cuenta que carecen de la totalidad de los datos de identificación exigidos por la normativa vigente. Entre otras fallas, también se reportó la falta de reglamentación sobre bienes inmuebles decomisados y la falta de procesamiento y registro de la totalidad de documentación incorporada al SIENA (sistema que registra toda información y documentación sobre bienes del Estado).